Ecuador cuenta con el
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, el cual se constituye
en hoja de ruta a seguir por parte del gobierno para los próximos cuatro
años.
Allí están delineadas las directrices de
trabajo desde las distintas entidades del Estado. El Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ente rector, también está
incluido dentro de esta planificación y es aquí desde donde se han
establecido las políticas públicas en el tema de Movilidad Humana.
Garantizar la protección y fomentar la
inclusión económica y social de personas en situación de movilidad
humana, así como de sus diversos tipos de familias, lo establece muy
claramente el plan, para ello se debe:
a. Impulsar e implementar un marco normativo para la movilidad humana.
b. Brindar atención y protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior.
c. Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos en el exterior.
d. Fortalecer y articular un sistema de regularización de extranjeros.
e. Garantizar el debido proceso a las personas deportadas.
f. Acompañar los procesos de retorno de los ecuatorianos que lo decidan, y fomentar su inclusión económica y social.
g. Promover la implementación de
mecanismos supranacionales, para garantizar la protección de los
derechos de las personas en situación de movilidad humana.
h. Incorporar en el Subsistema Integral
de Información de Vulneración de Derechos las particularidades y
necesidades de las personas en situación de movilidad.
i. Desarrollar mecanismos de
prevención, control y sanción frente a actos de discriminación y
violación de derechos de personas en situación de movilidad humana.
j. Fomentar e implementar instrumentos
educomunicacionales para el respeto a la dignidad de los seres humanos,
la erradicación de todas las formas de xenofobia y racismo.
k. Generar e implementar mecanismos que faciliten la recuperación de capacidades para su inclusión económica.
l. Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural y promuevan la inclusión social y cultural.
m. Promover
acciones de atención integral a personas en situación migratoria
irregular, refugiadas y otras en necesidad de protección internacional.
A nivel regional se establece:
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Impulsar la implementación de acuerdos migratorios,
para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de
las personas en condición de movilidad humana, con atención a las
necesidades especiales de protección de los grupos de atención
prioritaria.
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